Revista PROPUESTAS EDUCATIVAS

VOLUMEN 5, Nro. 10 / JULIO-DICIEMBRE 2023

ISSN: 2708 – 6631 / ISSN-L: 2708 - 6631 / Pp. 77 – 89

www.propuestaseducativas.org

Una mirada al sistema educativo universitario de Venezuela y Chile: dos visiones divergentes

A look at the university education system of Venezuela and Chile: two divergent visions

Tania Zulay Bencomo Escobar

taniabencomo@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0913-6185

Pablo Parquet Aure Sánchez

pabloaure@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8280-4218

Ensayo recibido el 10 de marzo 2023 | Arbitrado el 05 abril 2023 | Aceptado el 25 de abril 2023 | Publicado el 01 de julio 2023

https://doi.org/10.61287/propuestaseducativas.v5i10.6

RESUMEN

El presente ensayo se desarrolló con la finalidad de analizar ciertas características del sistema educativo venezolano en contraste con un país latinoamericano, en este caso, Chile que cuenta con un sistema de naturaleza predominantemente privada, en ese sentido, fue de interés la revisión y el análisis sucinto de aquellos aspectos que permitieran visibilizar brevemente, la naturaleza y funcionamiento del sistema educativo superior, para generar las respectivas reflexiones. En consecuencia, para lograr lo pretendido, se realizó una investigación que atendió a un diseño documental y de nivel descriptivo. Se concluyó que en ambos países, la educación se reconoce como un derecho humano social fundamental, y en el caso venezolano el Estado se erige como el garante de tal derecho, instituyéndose en la figura del “Estado Docente” siendo una expresión rectoral estatal, que asume tal función indeclinable como deber social a través de políticas educativas de carácter público, y en el caso chileno, el Estado sólo regula y orienta la calidad de la enseñanza, pero no de forma directa ya que no asume el papel de docente, sino de facilitador en cooperación con el sector privado que predomina en la dirección y funcionamiento de la educación superior.

Palabras clave: Sistema educativo; Público; Privado; Universidad; Reforma y transformación

ABSTRACT

The present essay was developed with the purpose of analyzing certain characteristics of the Venezuelan educational system in contrast to a Latin American country, in this case, Chile, which has a system of a predominantly private nature, in this sense, the review and analysis was of interest. summary of those aspects that would make it possible to briefly visualize the nature, structure and functioning of the higher education system, to generate the respective reflections. Consequently, to achieve what was intended, an investigation was carried out that attended a documentary design and a descriptive level. It was concluded that in both countries, education is recognized as a fundamental social human right, and in the Venezuelan case the State stands as the guarantor of such right, establishing itself in the figure of the “Teaching State” being a state rectoral expression, which assumes such an indeclinable function as a social duty through educational policies of a public nature, and in the Chilean case, the State only regulates and guides the quality of teaching, but not directly, since it does not assume the role of teacher, but of facilitator in cooperation with the private sector that predominates in the direction and operation of higher education.

Key words: Educational system; public, private, university; reform and transformation.

INTRODUCCIÓN

Consideraciones preliminares

Como punto previo al análisis comparado entre los sistemas de educación superior de Venezuela y Chile, es menester señalar que el discurso de la reforma educativa, cuando se ha producido en ambos países, como en otros, siempre va a obedecer a un despliegue de racionalidad técnica, destinada a realizar ajustes coyunturales en los modelos tecnoformativos de educación superior, con la tendencia a generar recursos humanos para atender los requerimientos de la globalización, la economía y mejorar la excelencia y la competitividad mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Parra, 2013, p.17).

Cabe destacar, que la tendencia histórica es hacia la estandarización de los modelos educativos en los Estado-Nación modernos, observada en la reconfiguración de los sistemas educativos nacionales, dando lugar a una homogeneización relativa y una estandarización en aumento (Rojas, 2017). Históricamente los avances tecnológicos siempre han modificado los sistemas productivos, y en el mundo globalizado mediado y transformado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ocurre también lo mismo. Sin embargo, el escrutinio para la participación de las universidades como aportadoras del recurso humano, para asegurar esa transformación, no se había visto tan intensificada en cuanto a su correlación con el mercado de trabajo, la formación por competencias, y el emprendimiento, como hasta ahora.

Esta tendencia de cambio educativo atendiendo principalmente al mercado de trabajo globalizado, algunos la califican de conservadora, porque la misma no afecta el modelo de acumulación de capital (Parra, 2013). En contraste, con la llamada transformación educativa, puede entenderse como un cambio más profundo. En Latinoamérica por ejemplo, una zona caracterizada históricamente por las apremiantes diferencias de carácter socioeconómico, el sistema educativo propugna por constituirse en un medio para la inclusión y el ascenso social mediante el estudio profesional y de desarrollo humano y cultural de los ciudadanos, entendido como un derecho humano y un bien público social, que abarca a todos los niveles educativos.

DESARROLLO

Encontrando necesidades latinoamericanas comunes

Con respecto a las necesidades del espacio sociocultural regional, en Latinoamérica, como se dijo anteriormente, es un espacio importante del continente americano que se caracteriza por la desigualdad social, bajos niveles de integración, altos índices de pobreza con acentuadas carencias económicas, por lo que, la educación superior se patrocina como un medio para la inclusión y el ascenso social mediante el estudio profesional y de desarrollo humano y cultural de los ciudadanos, entendido como un derecho humano y un bien público social, que abarca a todos los niveles educativos. En ese sentido la Declaración Final de la III Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe 2018, con el aval del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), expresó:

La III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe refrenda los acuerdos alcanzados en las declaraciones de La Habana (Cuba) de 1996, de la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998 y de Cartagena de Indias (Colombia) de 2008 y reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado (pp.6).

Como se reconoce en dicha declaración, el papel del Estado resulta esencial a los efectos de garantizar el acceso a una educación superior de calidad, como un derecho humano esencial. En dicho sentido, la disputa por determinar qué conocimientos son necesarios para el desarrollo de la sociedad, es también la disputa política por la sociedad que se necesita construir para la región. En ese sentido, los conocimientos son también un bien público social exigible por parte de la sociedad, y por tanto, se requiere la democratización de su acceso, su uso y su aprovechamiento. Ese estado de cosas, obliga a replantearse la ciencia como una función social para la sostenibilidad, preservación de la diversidad cultural, la convivencia humana, y la reproducción de la vida en democracia.

En lo tecnológico, se expresa la necesidad de promover en la educación superior regional, la creación de redes de investigación científica responsable e interdisciplinaria, que generen ecosistemas de innovación sociotécnica, que bajo una equidad epistémica, proteja los conocimientos ancestrales, acordes con el sentido público y común de los conocimientos y las tecnologías.

Esto implica no limitar a la necesidad crematística de aumentar la competitividad económica dentro de las reglas de juego del mercado tecno-globalizado, como único elemento a considerar, ya que los fines espirituales de la educación superior transcienden esa meta meramente economicista. Y son las propias tensiones de las fuerzas que conforman el andamiaje gnoseológico, lo que obliga a una reconceptualización de la racionalidad dentro de las organizaciones humanas, incluidas en ellas las universidades, direccionándolas hacia la responsabilidad social en la posmodernidad (Parra, 2018).

Se requiere entonces contrastar las dos grandes visiones de la educación superior según la racionalidad política. ¿Cuál sería la universidad necesaria para la región? Esto varía desde el eje crítico del problema, que pasa por pensar en una universidad entendida como una empresa, delineada por las necesidades del mercado globalizado y competitivo; entendida como un servicio privado, bajo la influencia reformista de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en orientación a la tendencia europea desde la década de los ochenta y noventa del siglo XX, para generar una

educación transnacional, descontextualizada de la realidad regional (García, 1996).

En contraste con la visión de la “universidad-empresa”, está la de “educación-ciudadanía activa”, que presupone que la formación debe ir encaminada a desarrollar el compromiso de solidaridad con la ética de la responsabilidad social compartida; con una ciudadanía activa, que implica ser solidaria, participativa, inclusiva y democrática, mediante ajustes ideológicos que permitan la inclusión de la población en el sistema educativo, mediante la masificación del acceso al bien público del conocimiento para el ejercicio de un derecho humano (Albornoz, 2001).

La educación superior no sólo debe aceptar pasivamente las imposiciones globalizadoras que perfilan una neosubjetividad del patrón micro electrónico; sino rebasar el modelo de aproximación a los saberes de la lógica tecnocrática y burocrática universitaria, permitiendo una comprensión de la complejidad gnoseológica, que abra espacios para la intuición y las emociones, superando las limitaciones epistémicas de la racionalidad moderna. Esto desde la vertiente política, implica lograr un consenso político serio, amplio y de largo aliento, que facilite la inclusión democrática de las amplias mayorías, sin caer en la negación de la realidad material económica, insistiendo maniqueamente en la pureza de una educación centrada exclusivamente en la búsqueda del Ser, enajenada de la realidad material circundante. En ese sentido, la aplicación de un enfoque educativo no puede excluir los elementos neurálgicos del resto.

Reflexiones en torno al eje central de la educación

El autor León (2007), señala que la educación consiste en preparación y formación para inquirir y buscar con sabiduría e inteligencia, aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia, aprender de otros, entendido como el intento humano más importante entre los hombres para transformarse y mantenerse unidos, siendo parte uno del otro en la estructura de la cultura, diferenciándose e identificándose a través de intercambios simbólicos y materiales.

Puntualiza además, que la educación consiste en creación y desarrollo evolutivo e histórico de sentido de vida y capacidad de aprovechamiento de todo el trabajo con el que el hombre se esfuerza y al cual se dedica, durante los años de su vida, de manera individual y colectiva; bien bajo su propia administración o bajo la dirección de otros, de organizaciones públicas, privadas o bajo la administración del Estado.

Por su parte Sánchez (2022), resalta que la educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para

ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para hacer una persona de bien en el futuro.

Cabe destacar que la Declaración Mundial sobre la Educación Superior, emanada de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, organizada por la UNESCO en París, en Octubre de 1998, estableció lo siguiente:

“La educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible para todos a lo largo de toda la vida, y de que se necesitan medidas para asegurar la coordinación y cooperación entre los diversos sectores y dentro de cada uno de ellos y, en particular, entre la educación general, técnica y profesional secundaria y postsecundaria, así como entre universidades, escuelas universitarias e instituciones técnicas”.

De tal manera que el tema educativo es vital y fundamental para las Naciones- Estado, al tiempo que propugna la educación como pilar fundamental de los derechos humanos, y debe ser accesible a lo largo de toda la vida, requiriéndose de medidas que permitan asegurar la coordinación entre los diversos sectores educativos a nivel general, técnica, y profesional.

Para el legislador venezolano, la educación en coincidencia con ciertos aspectos de la UNESCO, está ideada como un derecho humano y deber social fundamental, como un proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y de calidad, permanente, continua e interactiva, mediante la cual se promueve la construcción social del conocimiento, la valoración ética y social del trabajo, y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos, entre otros aspectos.

En similitud con lo anterior, Echegaray Rubio (2014), sostiene que la educación es el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo nacional y la edificación de una nación justa, solidaria, incluyente, democrática y exitosa, de tal modo, que el derecho humano a la educación, surge con el constitucionalismo social, cuando comienzan a reconocerse dentro del ordenamiento jurídico supremo de un país como límite al poder público y en pro de garantizar y asegurar el bienestar de sus ciudadanos, los derechos sociales que le son inherentes como parte de un Estado organizado.

Es imperiosa la revisión del ámbito educativo actual, ya que se desarrollan procesos de reforma, adaptación y adecuación frente a los

vertiginosos cambios de naturaleza económica, política, social y hasta de naturaleza científica tecnológica que acontecen en la sociedad, pues bien de forma particular, las Casas de Estudios Superiores son las llamadas a dar respuesta a los problemas de la Nación, de forma general, pensamos que la educación se encuentra intimada a un proceso de revisión y adaptación frente a los desafíos que impone esta época, hoy por hoy, están convocadas a responder a las peticiones de la sociedad, así como realizar los aportes necesarios para el desarrollo de las naciones mediante la producción y transferencia de conocimientos.

A pesar de que cada época es distinta con diferentes enfoques y maneras de hacer las cosas, el entorno de hoy es complejo y heterogéneo, lo que está ocurriendo ahora es único, nuevas fuerzas están alterando el tradicional modelo de educación y liderazgo, por lo que es necesario que desde los Entes Superiores se revisen diversas alternativas y opciones para el avance y desarrollo del sector, las instituciones educativas de nivel superior a través de sus docentes y estudiantes, así como los trabajadores deben liderar los cambios y reconocer la urgente necesidad de utilizar nuevas herramientas y estrategias flexibles en el entorno educativo en aras de la mejora y eficiencia de los procesos ejecutados en el sistema universitario, siempre con la visión dirigida al fortalecimiento de la educación iniciada en los ciclos educacionales anteriores y en consecuencia, contribuir en definitiva a la solución de los problemas nacionales, así como en la formación integral de un buen ciudadano.

Nudos críticos en la educación venezolana

El papel del Estado venezolano en lo que respecta al nivel de participación en el marco del reconocimiento de la educación como un derecho humano, el Estado no solamente se erige y se milita a ser garante de tal derecho, sino que el propio Estado asume el papel de docente, al darle mayor prioridad a la educación pública gratuita que a la educación privada, de hecho, en la Ley Orgánica de Educación se consagra la figura del “Estado Docente” con amplias competencias y como expresión rectora del Estado en educación, en cumplimiento de su función indeclinable y de máximo interés como derecho humano universal y deber social fundamental, inalienable, irrenunciable, y comoservicio público que se materializa en las políticas educativas, rigiéndose por los principios de integralidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.

De tal manera que según la Ley antes referida, el Estado venezolano asume importantes compromisos en las instituciones educativas oficiales, ya que debe garantizar por una parte, la idoneidad de los trabajadores de la educación, la infraestructura, la dotación y el equipamiento, y por otra parte, los planes, programas, proyectos, actividades y los servicios que aseguren a todos y todas, la

2009, según datos aportados por Venezuela a la UNESCO, que implicaba para el país estar en el segundo lugar de matriculación en el continente, y en el quinto lugar en el mundo (Compendio Mundial de Educación, 2010).

Así pues, la matrícula era de 2 millones 150 mil estudiantes, lo que implicaba una cobertura de 79.53%, incluso superior a la de Estados Unidos, siendo la media regional de 40% (Ramos, 2020). Sin embargo, pese a esa mejora desde el punto de vista inclusivo, también se advierte desde un primer momento, la desmejora de la calidad de la enseñanza (Albornoz, 2011, p.190), con una marcada enseñanza precaria signada por dificultades de orden logístico, material y de formación docente.

En este sentido, es menester advertir que dicho proceso inclusivo venezolano, nació con un “pecado original” acuestas, y es que se construyó bajo una racionalidad inmersa en el modelo tecno burocrático rentista petrolero venezolano (Parra, 2013, p.18). Y es en razón de ello, que independientemente de que se califique semánticamente a un proceso de cambio educativo, como reforma o transformación, el mismo siempre responderá a una racionalidad política bajo formalidades técnicas, ya que esa política educativa atiende a “una determinada visión de la universidad, entendida como regímenes de saberes, en el marco de las reglas del juego que imponen las hegemonías de poder” (Parra, 2013, p.19).

Esa política de creación de nuevas entidades universitarias públicas pero no autónomas, generó una fragmentación dentro del propio sector público universitario; entre el sector tradicional conformado principalmente por las cinco (05) universidades autónomas y el sector privado, basado en la excelencia, pero reducido cuantitativamente; y el emergente sector no autónomo paraestatal, muy amplio cuantitativamente, pero sin un estándar óptimo de calidad (Rama, 2020). Igualmente se centralizaron los procesos de admisión por el Ministerio de Educación Universitaria que procuró un cambio en la composición social de los estudiantes de las universidades autónomas. Esa política de admisión libre no tuvo que ver con el principio de inclusión ni equidad, sino con un enfoque “demagógico” contrario al desarrollo del país (Gabaldón, 2017).

En la actualidad, buena parte de ese proceso llamado inclusivo, no sólo se ha detenido, sino que se ha revertido, con una apabullante deserción escolar motivada por las graves condiciones económicas de crisis humanitaria que padece el pueblo venezolano, en medio de una emigración masiva nunca antes vista en la historia del país, cercana a los 6 millones de personas (ACNUR, 2021).

5. Una mirada a la educación en Chile

El papel del Estado chileno en la educación se plasma en la aún vigente Constitución de Chile, que en su artículo 19 numeral décimo,

preceptúa que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, y que el Estado deberá otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, correspondiéndole fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimulando la investigación científica y tecnológica.

Cabe señalar que en cuanto a la participación del sector privado en el sistema educativo chileno, se señala en el numeral 11 del citado artículo constitucional, que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, que serán regulados legalmente. Desde lo estructural, la educación superior en Chile está conformada por tres (03) tipos de instituciones básicas: Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, que el Estado reconoce conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Al igual que en Venezuela, las universidades cumplen funciones de docencia, investigación y extensión, otorgando en forma exclusiva los títulos profesionales de las carreras universitarias señaladas en la ley.

Las instituciones de educación superior pueden clasificarse como tradicionales, que serían las creadas previamente a la década de los ochenta del siglo XX, como la Universidad de Chile, Santiago de Chile, y Pontificia Católica de Chile, que gozan de plena autonomía, y que son financiadas parcialmente por el Estado en un treinta por ciento (30%), a diferencia de las universidades autónomas venezolanas, financiadas totalmente por el Estado.

Por otro lado están las universidades tradicionales privadas creadas en la década de los ochenta, que no reciben aporte estatal. Ese financiamiento no estatal no se limita al cobro de aranceles, sino también a convenios en materia de investigación con empresas transnacionales, que por ejemplo, en el momento crítico de la pandemia le permitieron a Chile, obtener acceso temprano a una de las vacunas contra el Covid-19.

En 1990 en Chile existían 220.000 estudiantes en la educación superior; en el año 2003 la educación superior chilena absorbió a una población de 542.580 estudiantes de pregrado, y actualmente sobrepasa los novecientos mil en una población de 2 millones de jóvenes en edad de ingreso a la educación superior, con una cobertura cercana al 50%, en un país con una población total de 17 millones de habitantes. Sin embargo sólo el 15% de los jóvenes estudiantes pertenecen a los estratos más bajos de la población. Para enfrentar esa desigualdad de oportunidades, se creó el Sistema Nacional de Financiamiento Estudiantil, a través de crédito y becas para financiar total o parcialmente los aranceles.

La reforma educativa en la década pasada estaba encaminada a la atención del mercado en la globalización, para un cambio científico y tecnológico, asumiendo que el progreso está vinculado al desarrollo de las capacidades

para gestionar, difundir, utilizar y crear el conocimiento. Sin embargo los costos de la educación superior y las limitaciones en las becas de acceso, han sido motivo recurrentes de protestas estudiantiles reclamando una educación superior totalmente gratuita como sucede en el resto de la región.

Luego de masivas y violentas protestas juveniles promovidas por sectores de izquierda, reclamando un cambio de paradigma en las relaciones del Estado con los ciudadanos, se inició un proceso constituyente en Chile, el cual fue rechazado recientemente el pasado mes de agosto de 2022. En la nueva constitución que se estaría gestando, dominada por sectores de izquierda, la proyección de una participación directa del Estado en la prestación del servicio educativo en general, y por supuesto, en la educación superior; bajo un compromiso nacional con la educación pública. Eso se concatena en lo político con el Programa Electoral de Gabriel Boric, presidente de Chile, que plasma un agresivo impulso para expandir la educación pública, para que se convierta en la predominante frente a la privada. La creación masiva de salas cunas, jardines, escuelas, liceos y universidades públicas como garantía del derecho a la educación. El Estado debe expandir la educación pública a todos los niveles, desplazando a la privada. Un cambio paradigmático importante, donde el papel del sector privado en la educación es el preponderante en los últimos 40 años.

Al desafío de la inclusión en Chile en un contexto de educación con predominio privado, se suma el impacto migratorio. Aproximadamente 400 mil venezolanos residen actualmente en Chile escapando de la crisis humanitaria del país. En ese sentido la UNESCO elaboró un estudio que resalta el esfuerzo chileno para la inclusión educativa flexibilizando los requisitos matriculares, como la figura del Identificador Provisorio Escolar (IPE), que facilita a migrantes a iniciar estudios aunque no hayan regularizado aún su situación migratoria, que benefició a más de 30.000 estudiantes venezolanos en 2020. Pero aún los emigrantes no tienen acceso a créditos educativos o ayudas económicas para financiar la escolaridad; instando a Chile a avanzar en ese sentido; y además de contar con docentes cualificados en interculturalidad, y profundizar las políticas de inclusión y diversidad. En ese orden de ideas, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc) de la Unesco, expresó “la necesidad de proteger y resguardar la seguridad y bienestar de cientos de familias que junto a sus niños y niñas han ingresado al país es un asunto prioritario” (Efe, 2021).

En cuanto a la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al campo educativo, la educación chilena ya había avanzado en programas de educación a distancia por medios digitales, pero durante la pandemia, como en la mayoría de países, esta

opción se intensificó. En ese sentido, Chile implementó diversas plataformas digitales para la educación a distancia, como el programa “aprendo en línea” del Ministerio de Educación. En cuanto a la infraestructura tecnológica, Chile es el primer país latinoamericano que proyectó el despliegue de la tecnología 5 G, que es un servicio de quinta generación para telecomunicaciones, que representa un salto cualitativo equivalente al que existió entre la banda ancha y el modem. Esto facilita la integración a la sociedad del conocimiento y sus beneficios, a través de una capacidad diez (10) veces mayor a la interconexión anterior, en cuanto a lactancia y disminución del consumo de energía. Pero dicha adaptación tecnológica viene de una inversión pública en infraestructura para comunicaciones, de tres mil millones de dólares, para crear nueve mil radios estaciones en la red.

CONCLUSIONES

Consideraciones finales en cuanto a los ejes críticos desarrollados en la educación comparada entre Venezuela y Chile

El papel del Estado en el proceso educativo difiere en ambos casos, en lo referente al nivel de su participación, ya que pese a que en ambos se reconoce la educación como un derecho humano, en el caso venezolano el Estado no solamente se erige y se milita a ser garante del mismo, sino que el propio Estado asume el papel de docente, al darle mayor prioridad a la educación pública gratuita que la privada. Mientras, en el caso chileno el Estado regula y orienta la calidad de la enseñanza, pero no directamente, no asume el papel de docente, sino como facilitador en cooperación con el sector privado. No obstante, esa característica del sistema chileno ha generado fuertes tensiones sociales acumuladas, fundadas en los niveles de desigualdad de oportunidades, que de alguna manera incidieron en el desembocado proceso constituyente que se desarrolló en Chile, todo lo cual apuntaba hacia una mayor participación del Estado en esa función docente, en la búsqueda de mayor inclusión y participación de los ciudadanos, en el marco de ese proceso de reforma constitucional que se emprendió en ese país.

En el caso venezolano, son revisables los resultados de las políticas económicas y sociales desarrolladas que abarcaron la “transformación” de la educación superior bajo fuertes políticas de inclusión social, a través de la potenciación de lo público, lo que generó una masificación quedando en entredicho la calidad educativa, habría que replantearse pragmáticamente, que no existe una respuesta única a esta problemática, y que la transformación de la universidad para atender la demandas sociales, no pasa por convertirla en una empresa corporativa con el fin de lucro como norte primordial, ni tampoco en un ente estatal burocratizado y politizado